La Escuela Concertada, un negocio camuflado

Las contradicciones propias del capitalismo


Lo malo que tienen los números, cuando los empleamos en Ciencias Sociales, es que no siempre dos más dos suman cuatro y el orden de los factores si altera el producto.

De este modo, si debatimos sobre educación con alguien afín al actual Gobierno de la Junta de Castilla y León nos dirá que en la Provincia de Palencia existe un 55% de centros públicos de enseñanza frente a un 45% de centros concertados, y no mentira. (Limitándonos a los centros que imparten E.S.O. y/o Bachiller y que están mantenidos con fondos públicos)

¿Qué ocurre en este caso? Pues como decimos, en Ciencias Sociales siempre, debemos tener más datos, no solo las cifras en bruto sino también: culturales, geográficas, etc.

En la provincia de Palencia vivimos en total 170 mil personas de las cuales 80 mil viven en la capital (estos datos son aproximados, los datos reales los tienen en el INE) por lo tanto podemos decir que el 53% de los y las palentinos viven en el resto de la provincia. Pero podemos ir un copo más allá.

Si añadimos que el centro de Palencia, tierra de campos, sufre la peor situación de despoblación, que la capital se encuentra en una esquina de la provincia, que la mayor parte de los municipios relativamente grandes se encuentran alrededor de la capital, que los transportes públicos son escasos, que la población palentina es una de las más envejecidas de España y, por último, que es una de las únicas tres provincias que los anteriores 10 años ha bajado de población, la iniciativa empresarial no es muy halagüeña.

¿Por qué hablamos de iniciativa empresarial? Porque los centros concertados son empresas privadas, cuestión que no deberíamos olvidar. Y para reacios a asumir esta realidad podemos mostrar con cifras como estos centros se ubican donde existe negocio y no donde existe demanda social.

Cierto que el porcentaje de centros totalmente públicos y por tanto con intereses sociales supera al de centros concertados/católicos en 10 puntos. Pero si visualizamos objetivamente la situación atendiendo al reparto poblacional que anteriormente explicamos la cosa cambia.

En resumen, y con cifras. En la capital el 60% de los centros que imparten ESO y/o Bachiller con fondos públicos son entidades concertadas/católicas freta al 40% públicas. En el resto de la provincia, el 76% lo asumen centros públicos.Si los datos se central en Bachiller se disparan. Únicamente el 14% de la oferta de Bachiller, en el medio rural, es en centros concertados. El resto, el 86% lo asumen los centros con verdadero interés social, es decir, los públicos.

Si, como dijimos, el 53% de la población vive en pueblos ¿por qué estas entidades privadas, cuyo supuesto interés es la enseñanza, no abren centros rurales? Si tenemos además en cuenta que el porcentaje de los alumnos potenciales de ESO y Bachiller que viven en pueblos es el 42% de los 8000 totales. ¿Por qué no atienden a este sector?

Simplemente el transporte escolar es una buena explicación para todo esto. ¿No tienen derecho a decidir los habitantes de los pueblos la educación de sus hijos? o ¿Es acaso qué la educación pública es más barata y si subvencionamos centros concertados para estos pueblos el gasto se dispararía? Viendo que la elección de centro es una simple falacia para justificar el negocio allá donde lo es. Por lógica debemos centrarnos en la libertad de enseñanza como eje fundamental de nuestro sistema educativo y librarnos del lastre que conforma la enseñanza concertada. Siempre permitiendo sus existencia, de manera totalmente privada, pero regida por pruebas finales de calidad, dirigidas por la administración para poder acceder a titulaciones oficiales.

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